En 2023, España registró un récord en entradas irregulares y solicitudes de protección internacional, siendo el segundo país en la Unión Europea con más solicitudes, después de Alemania.
A pesar de esto, se rompió la tendencia de crecimiento en la tasa de reconocimiento de protección internacional. El año también alcanzó un saldo migratorio positivo de nacionalidad extranjera, el más alto desde 2008, junto con niveles récord de ocupación y afiliación a la Seguridad Social desde 2012.
Sin embargo, las personas de origen extranjero, especialmente las extracomunitarias, siguen siendo las más vulnerables socialmente, enfrentando mayores tasas de pobreza y dificultades para acceder a derechos básicos como la salud, el empleo y la protección social. Las mujeres migrantes, aunque han mejorado levemente, siguen en los trabajos menos remunerados y perciben menores prestaciones por desempleo y pensiones.
El informe también destaca las dificultades de los jóvenes migrantes para emanciparse y las barreras que enfrentan para acceder a la administración pública. Además, expresa preocupación por leyes que podrían ser discriminatorias hacia los migrantes, como la nueva ley del deporte y ciertas disposiciones del Reglamento de Extranjería.
A pesar de estos desafíos, se resaltan políticas y legislaciones positivas, como el Marco Estratégico de Ciudadanía e Inclusión contra el Racismo y la Xenofobia y la ley para la igualdad de personas trans y LGTBI. También se valora el trabajo para combatir los discursos de odio, subrayando la importancia de diferenciar entre los discursos de odio penalmente perseguibles y aquellos que no lo son pero pueden ser tratados civil o administrativamente.
El Foro advierte sobre la regresión en derechos migratorios en el contexto del Pacto Europeo de Migración y Asilo y llama a defender los derechos humanos en su implementación. Finalmente, se enfatiza la necesidad de indicadores compartidos entre los países firmantes del Pacto Mundial para una migración segura, que serán evaluados en 2024.